Expertos de la Ibero reiteraron que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por la fuerzas del Estado prueban la descomposición del sistema político mexicano
Paloma Rodríguez Bernal
México, DF, 9 de octubre de 2014
La muerte y desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero, evidencia el pacto de impunidad que existe entre los gobiernos federal, estatales y municipales en México, denunciaron especialistas de la Ibero.
Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional de esta universidad, enfatizó que el hecho de que funcionarios de los tres niveles ignoraran los lazos del edil José Luis Abarca con el narcotráfico manifiesta el uso “faccioso” que hacen de este tipo de información, pues le permite “negociar impunidades”.
En consecuencia, acusó Sandra Salcedo Gonzáles, especialista en Derechos Humanos (DH) de esta casa de estudios, que el desinterés del gobierno federal en buscar a los estudiantes desaparecidos prueba la impunidad con que actúa la clase política nacional, pues no investiga a cabalidad ni presenta a los responsables de hechos como éste; mientras siguen cambiando de puestos dentro de la administración pública.
Las declaraciones del procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, quien dijo que 17 normalistas fueron entregados al narco, es una muestra más del cinismo de los funcionarios, subrayó José Antonio Ibáñez, coordinador de DH de la Ibero. Fueron declaraciones irresponsables que se suman a la negación de las autoridades para dar ayuda humanitaria a los jóvenes que resultaron heridos entre el 26 y 27 de septiembre.
Por esto, los expertos coincidieron en que la marcha de ayer 8 de octubre era necesaria y, además, en que fue un parteaguas, dado que los políticos se centran en sus propios intereses y, por tanto, la ciudadanía tiene que recordarles que su responsabilidad es garantizarle seguridad a todos los mexicanos.
Estado que castiga
La criminalización de la protesta, al grado de matar a algunas personas, revela la intención de las administraciones de encerrar a los ciudadanos, apuntó Pablo Reyna Esteves, responsable del programa de Interculturalidad de la universidad.
México es un país, agregó, peligroso no sólo por la presencia del crimen organizado; sino porque el Estado no acepta denuncias sobre sus fallas ni las violaciones que perpetra.
“Los queremos de vuelta con vida”
Los ponentes refrendaron la demanda de que los 43 normalistas aparezcan con vida, que lo cadáveres hallados en las fosas clandestinas sean identificados, que no ocurra un solo caso así otra vez y, sobre todo, que México sea un estado de derecho, ya que ahora no lo es.

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